Soberbia censal
El presidente Alan García consideró al anterior Censo de Población y Vivienda, realizado hace apenas dos años, como «una estafa» e impulsó la ejecución de uno nuevo. Buena parte de este ha sido realizado ayer, quedando pendiente la ejecución de operaciones censales en el sector rural, lo que normalmente se hace en un tiempo mayor.
Diversos analistas han reconocido que había indicios para sospechar que el censo anterior tenía problemas y que antes que declararlo como una estafa lo razonable era llevar a cabo una auditoría independiente, que evaluara la magnitud del problema y se sugirieran los correctivos necesarios. De haberse hecho dicha auditoría y se hubiese decidido hacer, a partir de ella, un nuevo censo, no solo se hubiera ganado en credibilidad, sino las recomendaciones de dicha evaluación hubiesen permitido no reproducir errores identificados en la ejecución del censo anterior. La improvisación con la que se ha ejecutado el actual proceso, sin embargo, hace prever que su calidad no será mejor que la del anterior.
El país no solo ha perdido una buena cantidad de dinero, sino ha visto cómo se ha afectado la reputación del sistema estadístico nacional. El censo es un instrumento clave para la planificación de las acciones del Estado, especialmente en materia de política social. Los errores que probablemente tendrá este nuevo censo eran perfectamente previsibles.
El hecho de que la dirección del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) haya optado por llevarlo adelante, a pesar de que han existido múltiples indicaciones que alertaban sobre la necesidad de postergarlo, genera una responsabilidad que no debe evadirse.
Ocurrido el censo, solo queda exigir que la Encuesta Post Censal sea hecha de manera independiente, para que se pueda evaluar la calidad de la operación censal y se pueda calcular la tasa de omisión censal, lo que permitirá corregir las cifras, tal como se hace en todo censo. \r\n\r\nFinalmente, lo que lamentablemente parece perfilarse como un segundo fracaso censal, debe contribuir a la reflexión sobre la necesidad de dotar de mayor independencia al sistema estadístico nacional. Para lograr esto, tal como ya lo hemos indicado en una columna anterior de Perú.21, el Gobierno debería modificar la ley de creación del INEI, para dotar a esta institución de un Directorio, al que la jefatura del INEI deba reportar.
La conformación de dicho directorio debería permitir garantizar la estabilidad del sistema estadístico más allá de un periodo presidencial.\r\n\r\n*Investigador principal de GRADE
