¿Reforma sin nueva ley de aguas?
Aún no parecen muy claras las definiciones en el gobierno sobre la pretendida reforma del Estado. Un ejemplo de esto es la institucionalidad pública para el manejo del agua, uno de los sectores que más urgentemente requiere de profundas reformas, pero que no deberían hacerse sin haber aprobado una nueva ley de aguas que la sustente. Y esto es así porque tenemos una de las legislaciones de agua más atrasadas y obsoletas del mundo, con autoridades sectoriales (cuando la gestión del agua debe ser multisectorial) debilitadas y con organismos públicos que no pueden regular eficazmente el caótico e ineficiente uso del recurso ni resolver conflictos elementales al respecto.
La ley de aguas vigente ya va a cumplir cuatro décadas y se sigue sustentando en una visión estatista del recurso, con un Estado otorgante de licencias administrativas que no ofrecen mayor seguridad jurídica a los usuarios, y sin reglas claras y eficaces sobre la fijación de tarifas y retribuciones al Estado por el uso del vital elemento. Actualmente muy pocos usuarios (de todos los sectores) pagan realmente lo que deberían por usufructuar un recurso muy escaso que es de todos los peruanosEn este contexto, plantear que las reformas se concentren en fusiones dentro del aparato público (es decir, de INRENA, DIGESA o de la propia SUNASS) no tiene sentido sin una nueva ley de aguas que genere seguridad jurídica sobre los derechos de acceso y promueva la gestión de las cuencas, el uso más eficiente del agua y ayude a resolver conflictos inter e intrarregionales. La nueva legislación debe permitir la creación de autoridades regionales de cuenca bajo una sola autoridad nacional con claras y fuertes atribuciones para controlar y sancionar el abuso o mal uso de los derechos, el consumo ineficiente y la contaminación del agua.
Cabe esperar muy pocas mejoras en la gestión pública del agua en el Perú sin una nueva ley que sustente la reforma sobre la base de un nuevo sistema institucional y de autoridad eficaz. Lo otro, una supuesta reforma estatal administrativa «para ahorrar recursos» sin nueva legislación ni políticas claras sobre el agua sólo sería un maquillaje que puede servir para entretener a la platea pero promete muy poco en términos de cambios efectivos y duraderos en la gestión del agua. Ya es hora de que el Congreso le otorgue alta prioridad a la aprobación de una nueva ley de aguas (proceso que viene dilatando indefinidamente, ya van más de tres años haciendo audiencias públicas sin mayor avance). Es obvio que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso deben priorizar las normas y políticas que sustenten los cambios buscados en el sector agua. Lo otro es como tirar otra vez la plata de los contribuyentes…al agua.
