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Este estudio pasa revista al proceso de asignación de recursos financieros públicos a las universidades estatales las últimas tres décadas en el Perú. El propósito es detectar los principales factores explicativos de dicha asignación, en especial las variables de naturaleza política y burocrática.

Se trata de precisar el papel de las instituciones que intervienen en el proceso, y de definir los estilos de gestión preponderantes en cada momento histórico. En general, según el autor, durante el período estudiado existió muy poca estabilidad en los criterios y mecanismos empleados en el proceso de asignación de recursos públicos a la educación universitaria, y no se contó con una política pública de financiamiento universitario, relativamente autónoma de la situación fiscal de corto plazo.

Para su análisis, el autor distingue tres etapas básicas. La primera etapa se inicia con la promulgación de la ley universitaria 13417, en abril de 1960, y culmina con la asunción del gobierno militar. En esta etapa el sistema universitario experimentó un crecimiento explosivo; predominaba entonces una concepción que asignaba al Estado la obligación de asegurar la solvencia económica de las universidades, dotándolas de rentas suficientes. Estas, además, gozaban de autonomía para el diseño y el manejo de sus presupuestos. No obstante, hacia el final del período, la crisis fiscal y el propio crecimiento del sistema afectó seriamente los presupuestos de las universidades. El anterior contexto enmarca el inicio de la segunda etapa, que el autor identifica con la promulgación de la ley universitaria 17437, en febrero de 1969, y que culminará con la restauración democrática, en 1980. Esta etapa estuvo signada por un tratamiento burocrático y racionalizador del proceso de asignación de recursos -a través de una instancia creada para tal efecto, el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP).

Se limitó el concepto de autonomía económica de las universidades a la libre disposición de las rentas que el gobierno decidiera darle; así, el periodo se caracterizó por una fuerte inestabilidad de los presupuestos universitarios y una total dependencia de la situación fiscal. La tercera etapa cubre toda la década de los ochenta, en la cual dos gobiernos democráticos se sucedieron en el poder. En esta etapa, pese al intento de reforzar la autonomía universitaria que significó el que alcanzara el rango de norma constitucional, dicha autonomía se vio en la práctica frustrada por la prolongada crisis fiscal, que obligó a las universidades a una lucha constante por la obtención de los escasos recursos que el Fisco presupuestaba.

Se generó así una dinámica donde la burocracia del Ministerio de Economía ganó poderes para asignar o reasignar recursos, más allá de los dispuesto por las leyes presupuestales. Al impulso de estas dificultades, las universidades se han visto obligadas a desarrollar formas de presión por la obtención de recursos, y a buscar por otra parte mecanismos de generación de recursos propios.