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28 de junio de 2002El Comercio

Trabajadores no están protegidos

Si nos situamos en el campo laboral el tema se vuelve muy complejo, sobre todo si observamos que más de la mitad de los trabajadores del Perú se encuentra en la informalidad. ¿A qué se debe esa situación? ¿Por qué existe precariedad en el empleo peruano? El Comercio dialogó con Jaime Saavedra, analista de Grade, entidad que ha elaborado una serie de estudios para solucionar el problema del empleo en el país.

¿Se evalúa una serie de reformas del tema laboral en la Constitución. Es necesario realizarlas. Por qué el apremio de los políticos en introducir estos cambios?

La Constitución debe de dar solo un marco general para establecer los principios básicos y los derechos fundamentales de los trabajadores, sin pretender establecer como derechos básicos protecciones irreales que nuestra economía puede solventar.

¿De ser necesaria una reforma, hacia dónde debe apuntar y en qué campo se tiene que incidir?\r\nSe necesita cambios en la legislación laboral, más que en la Constitución. Nuestra legislación está de espaldas a la realidad y es una de las razones por las cuales tenemos una situación en la que solo uno de cada tres peruanos goza de algún tipo de beneficio social. Requerimos una legislación que combine la flexibilidad adecuada en una economía expuesta a la competencia internacional con la satisfacción de la legítima aspiración de todos los trabajadores de recibir un flujo de ingresos crecientes, estables, además de beneficios sociales básicos. Diseñar esa legislación no es fácil e implica una apertura de criterios que actualmente no existe. El punto central es que quienes redacten la ley deben analizar los efectos posibles de las leyes y no los efectos deseables de estas. Hay una ilusa idea de que las normas bien intencionadas son siempre buenas. Eso es un error infantil típico de los debates ideológicos y poco técnicos. Muchas disposiciones bien intencionadas tienen efectos absolutamente nocivos. No existe mucho interés por analizar, se quiere modificar la legislación sobre la base de doctrinas del derecho laboral, sin que haya interés por entender cuáles son sus efectos reales.

El problema del Perú es el subempleo, la informalidad. ¿Cómo se debe aplicar la legislación para comenzar a revertir esa situación?

Mediante la modificación de la legislación actual. Lamentablemente las señales que se dan y las discusiones en relación con la ley general de trabajo y la Constitución apuntan a que los cambios irán exactamente en la dirección contraria a lo que se necesita. No se tiene conciencia de que la legislación puede ser buena, pero también nociva, y que puede generar efectos exactamente contrarios a los propuestos. Por lo tanto, toda legislación debe ser estudiada: Se tiene que analizar las potenciales reacciones de los agentes económicos, evaluar y estudiar quiénes se beneficiarán y quiénes se perjudicarán con cada pieza legislativa. Una de las modificaciones centrales que requiere nuestra legislación es apuntar a la disminución de los costos de despido: En el Perú se otorga a los despedidos una indemnización de 1,5 salarios mensuales por año trabajado. La evidencia empírica de muchos estudios, incluso en el Perú, muestra que los altos costos de despido tienen un efecto negativo en el empleo formal. Pero lamentablemente la legislación en nuestro país no se formula con base en el análisis, la evidencia empírica, sino en función a concepciones antiguas del derecho del trabajo. Y no es que por ser antiguas sean inadecuadas, sino que su efecto tiene que ser analizado. Cuando estudiamos los efectos de la legislación actual en el conjunto de trabajadores, descubrimos que hacen más daño que bien. En vez de corregir y reducir la indemnización, nuestros legisladores plantean que debe de aumentarse, peor aun, que nuestra Constitución tiene que establecer el derecho a la estabilidad laboral.

¿Por qué las indemnizaciones altas tienen un efecto negativo en el empleo?

Una indemnización elevada hace más difícil que se despida a un trabajador, pero al mismo tiempo reduce los incentivos de las empresas a contratar, con lo cual el empleo en términos netos se reduce. Es usual que los sindicatos y los representantes de los trabajadores formales se opongan a las reducciones de las indemnizaciones. Es el típico conflicto del que está adentro respecto del que está afuera, el que tiene un empleo lo quiere defender con toda razón y no le importa que así reduzca las posibilidades de trabajo para otros. Pero los legisladores no deben defender solo a los poco que gozan de un empleo formal sino a todos los trabajadores. La salida que muchos países encuentran ante la imposibilidad política de reducir las indemnizaciones o las trabas al despido en general, es permitir el uso de contratos temporales. Eso se ha hecho aquí, y los empleadores lo usan intensivamente. Pero esa es una mala solución. Resolver el problema del bajo empleo formal se lograría si se reduce la indemnización.

¿En qué medida el marco laboral es determinante para la creación de puestos de trabajo?

Los principales determinantes de la creación de puestos de trabajos son el crecimiento económico y la inversión. Pero una legislación laboral inadecuada puede desalentar la inversión y hacer que los empleos generados no cuenten con las características más deseables. La mejor prueba de que la ley actual es inadecuada es que dos tercios de los trabajadores del país están afuera de ella. Su incorporación solo se lograría con una legislación que no impida que esos trabajadores ingresen a la legalidad.

Nuestra economía no está en posibilidad de asegurar a todos los derechos que solicitan como es seguridad social, CTS, gratificaciones. Sin embargo, es claro que tampoco se pueden eliminar y que el trabajador requiere una mínima protección ante los excesos. ¿Cómo lograr el punto de equilibrio?\r\nLamentablemente, nuestra economía es todavía muy pobre. Justamente, porque es necesario lograr ese justo medio, los efectos de la legislación deben de estudiarse. Si las leyes se escriben sobre la base de principios doctrinarios, desvinculados de la realidad, se impone un marco institucional inadecuado. En los noventa se observó abusos como consecuencia de una mala aplicación y mala supervisión de un código que además requiere perfeccionamiento. El MTPE debe fiscalizar mejor, y la legislación debe perfeccionarse.

¿A qué tipo de estabilidad debemos apuntar?

A la única que es factible de lograr, a la estabilidad basada en un mayor empleo de nuestra fuerza de trabajo y en una mayor productividad de las empresas y empleados.