Por una nueva política agraria
Durante los últimos 10 años he tenido la oportunidad de conversar con muchos de los ministros de Agricultura del régimen anterior. Todos tendían a hacer la misma interrogante inicial: ¿qué cultivo tengo que promover? Esta pregunta es interesante porque denota un problema de concepción básica: el Estado debe escoger cuáles son los cultivos ganadores. Y la respuesta que les di siempre fue: no tengo la más mínima idea. Y está bien que no la tenga, porque no es el burócrata público quien debe decidir cuál es el cultivo o crianza que ha de ser exitoso.
El Estado debe proveer los bienes y servicios públicos que hagan más rentable la actividad del sector privado, entendiendo por éste a las empresas, agricultores, pequeños productores, campesinos, quienes deben tomar las decisiones sobre lo que se cultivará en una zona concreta, para unas condiciones concretas de mercado, y no será un burócrata quien lo haga. Cuando el Estado decide qué se va a cultivar, aparece un ministro que regala semillas de arroz y genera un problema de sobreproducción que ocasiona una caída en el precio afectando a los agricultores.
Es necesario generar una política más neutra respecto a qué se debe producir. El Estado debe darle a los agricultores las mejores condiciones posibles para que ellos tomen sus decisiones, pero no debe tomar las decisiones.
Gasto público
Respecto a muchas áreas del quehacer público, y especialmente en la agricultura, persiste el error conceptual de no entender que lo importante es que el sector público gaste en determinada actividad e influya en la toma de decisiones del sector privado para encaminar las cosas en una dirección. Esto no significa sustituir al sector privado en una actividad concreta. Todavía hay un problema muy serio de concepción cuando por un lado el Estado decide ejecutar gasto público en lugar de gastar para que se haga algo.
El caso más típico es el de la investigación y extensión agraria. No quisiera ver a una gran burocracia de investigadores y extensionistas públicos. Lo que quisiera ver es un gasto efectivo, probablemente mayor que el actual, en investigación y extensión agraria para que el sector privado pueda desarrollarse mejor. Si se quiere una variedad de algún determinado producto resistente a determinadas condiciones de clima, plagas, y orientada a una economía campesina, se puede hacer que una burocracia lo haga o alternativamente convocar a un concurso para un subsidio muy transparente para que alguien del sector privado produzca esa variedad determinada, y si funciona se firma un contrato. Si no funciona se puede darle la buena pro a otro, se logra que el sector privado compita por ese fondo público. Este es un esquema totalmente distinto al de una burocracia pública haciendo investigación. Los incentivos para una burocracia pública están en que la investigación demore lo máximo posible, pues ello coincide con la permanencia del funcionario.
Lo mismo ocurre en información agraria, en sanidad y en el tema del mercado de capitales. Por ejemplo, puede interesar que el sector privado ingrese a un ámbito de financiamiento a la agricultura, y al ver que ello no ocurre, la preocupación debe ir por el lado de qué se puede hacer para reducir los riesgos a la actividad, cómo hacer para desarrollar el seguro y reaseguro agrario, cómo canalizar líneas de crédito en banca de segundo piso donde se reduzcan los costos financieros para que el sector agrario empiece a entrar, cómo hacer para desarrollar un sistema de garantías y mejorar los sistemas de titulación para que los costos financieros sean más bajos.
Lo que debe interesar es que entre el sector privado a prestar y que lo haga de manera sostenida en el tiempo. Al Estado no le debe interesar sustituir al sector privado en esta actividad. Lo que debe interesar es ayudar al sector privado para que encamine de manera sostenible en la actividad financiera, de extensión técnica, de información, sanidad, etc. Estamos ante la necesidad de hacer entender a quienes conducen el aparato estatal que su papel no es involucrarse en la actividad sino gastar en ella con políticas relativamente transparentes. Se trata de un cambio de orientación global que aún falta hacer.
No al proteccionismo
Para la agricultura moderna, ser competitivo implica no tener protección pues así se estimula la competencia con el exterior. El sector azucarero, por ejemplo, tiene niveles de productividad en campo y en fábrica potenciales de tal magnitud que le deberían permitir competir con quien quiera sin importar cuál sea el precio internacional. La idea de protegerlo y dotarlo de un mercado cautivo sólo termina sosteniendo los niveles de bajísima productividad.
Existe un espacio para crecer, y para ello es necesario que ingrese inversión. Por ello es importante el rol del Estado de generar la estabilidad macroeconómica para las inversiones, lo que permite que ingrese capital para la agricultura.
Si al sector azucarero ingresara un importante nivel de inversión privada, es posible generar niveles de productividad en campo y en fábrica para contar con una actividad rentable y capaz de competir en el mercado internacional. Por ello no veo la necesidad de orientarse hacia un esquema de protección. Veo la necesidad de expandir la inversión privada, reducir costos sanitarios, aumentar competitividad, etc. para enfrentarse mejor a un entorno internacional complicado.
En muchas ocasiones se ha argumentado que debemos subsidiar o proteger a los productos del agro porque esa es la política de los países industrializados, y se menciona especialmente los casos de Estados Unidos y las naciones europeas. Aquí podemos decir: mal de muchos, consuelo de tontos. Es más, si vemos la historia de Europa y Estados Unidos, tenderíamos a pensar que no es cierto que los agricultores de los países desarrollados lograron expandirse, desarrollarse y consolidarse gracias a los subsidios. Las agriculturas europeas se desarrollaron porque hubo una política estatal de industrialización rural, de mejora de oportunidades más homogénea.
Una vez que se desarrolló la agricultura europea, ésta logró consolidar tal nivel de poder político que comenzó a buscar mecanismos de concesión y de protección. Pero la protección es el resultado del desarrollo de la agricultura europea y no la causa. En los siglos XVIII y XIX Europa y Estados Unidos desplegaron todo un conjunto de bienes públicos que les permitió desarrollar el sector rural. Luego, los agricultores ganaron poder político y lograron cerrar sus fronteras. Es un error pensar que se desarrollaron gracias al cierre de sus fronteras y, por tanto, debemos optar por ese camino. No es la receta que debemos seguir.
La receta es ser consciente de que el rol del Estado es la igualación de oportunidades, que eso implica fundamentalmente la provisión de bienes y servicios públicos, que es donde hay una tarea enorme. Si el Estado cumple bien ese papel, creará condiciones para que el sector privado -ya sea el grande, mediano o pequeño agricxultor- pueda integrarse de manera más exitosa con los mercados locales, regionales, nacionales y eventualmente internacionales.
